La diputada nacional Fernanda Díaz, que integra el bloque Unión por la Patria en el Congreso Nacional, expresó su profunda preocupación por los alcances del DNU 941/2025, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, que introduce modificaciones sustanciales al sistema de inteligencia argentino y, según alertó, “vulnera derechos constitucionales y rompe consensos democráticos básicos”.
En el marco del trabajo legislativo que está desarrollando en los primeros días del 2026, Díaz junto a otros integrantes del bloque se reunió con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y Amnistía Internacional para analizar el decreto.
Señalaron que el DNU habilita prácticas gravísimas, como la posibilidad de detener personas sin orden judicial, lo que abre la puerta a la posibilidad de detenciones arbitrarias y transforma a la Secretaría de Inteligencia de Estado en una policía secreta sin control efectivo. También, permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior diluyendo la histórica separación entre defensa y seguridad interior y representando un grave retroceso institucional y una concentración inédita de poder y presupuesto para la SIDE.
“Estamos frente a una norma que no solo excede las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo, sino que además nos retrotrae a etapas oscuras de nuestra historia”, afirmó la diputada colonense.
Además, sostuvo que cualquier modificación a la Ley de Inteligencia debe realizarse mediante un proyecto de ley debatido en profundidad, mientras que en la realidad se hizo de forma unilateral durante el receso del Congreso. Su dictado ni siquiera cuenta con una justificación clara y precisa sobre las razones de su utilización, violando el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, ya que no se verifica una situación de real necesidad y urgencia que haya impedido al Congreso debatir y sancionar una ley.
Otro de los puntos preocupantes es el manejo de la información de la ciudadanía. El DNU refuerza el intercambio de datos personales y obliga a todas las dependencias de la Administración Pública a brindar información a la SIDE, sin mayores controles ni autorización judicial previa. La información obtenida sin controles democráticos podrá compartirse con otras agencias de inteligencia del mundo sin autorización judicial y bajo el más absoluto secreto.
Asimismo, Díaz puso el foco en los aspectos presupuestarios del DNU, que otorgan al titular de la SIDE el control de la totalidad de los fondos destinados a inteligencia, incluidos los gastos reservados, lo que debilita los mecanismos de control civil y parlamentario.
“La defensa de los derechos individuales, la división de poderes y el control democrático del Estado no son negociables. Desde nuestro rol como representantes de todos los argentinos y argentinas vamos a seguir trabajando para frenar cualquier avance que ponga en riesgo esas garantías”, concluyó.-
