APROBARON LA CASTRACIÓN QUIRURGICA PARA SENTENCIADOS DE DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES
Los legisladores de Louisiana, Estados Unidos autorizaron la castración quirúrgica para los individuos condenados por delitos sexuales con agravantes contra menores de 13 años.
Esta medida sin precedentes, que recibió una amplia aprobación en ambas cámaras del estado, marca un cambio significativo en el panorama jurídico que rodea a los delitos sexuales contra menores
Patrocinado por una Cámara y un Senado de mayoría republicana, el proyecto de ley espera ahora la decisión del gobernador republicano Jeff Landry. Si se aprueba, Louisiana se convertirá en el único estado en el que los jueces pueden ordenar directamente la castración quirúrgica de los delincuentes sexuales.
Estados como California, Florida y Texas permiten actualmente la castración química, mientras que las opciones quirúrgicas siguen sin ser ordenadas judicialmente.
Louisiana permite la castración química desde 2008, aunque su aplicación fue escasa. La castración química utiliza medicamentos para reducir la producción de testosterona, disminuyendo el deseo sexual.
En cambio, la castración quirúrgica extirpa permanentemente los testículos, por lo que es un procedimiento más invasivo.
Los críticos sostienen que la castración quirúrgica puede considerarse un «castigo cruel e inusual» y cuestionan su eficacia.
Actualmente, Luisiana tiene 2.224 presos por delitos sexuales contra menores de 13 años. Si se convierte en ley, la disposición sobre la castración se aplicará a los delitos cometidos después del 1 de agosto de este año.
Los jueces tendrán la facultad discrecional de imponer la castración quirúrgica, garantizando que el castigo no sea automático.
Si un delincuente no cumple con la castración quirúrgica ordenada por el tribunal, se enfrentará a cargos adicionales por «incumplimiento», lo que podría suponer de tres a cinco años más de prisión.
Barrow destacó la aplicabilidad de la ley tanto a delincuentes masculinos como femeninos. Cada caso se evaluará individualmente para determinar la idoneidad del castigo.
Además, la legislación obliga a que un experto médico evalúe si el delincuente es un candidato adecuado para el procedimiento antes de que se lleve a cabo.